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Aumento del hambre y deforestación: el legado de Bolsonaro según sus detractores

  • 26 Oct 2022
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Brasil regresó al Mapa del Hambre de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, después de ocho años. En 2014, tras una década de programas sociales impulsados por los expresidentes Luiz Inácio 'Lula' da Silva y Dilma Rousseff, el país más poblado de América Latina había conseguido salir de esta estadística. ¿Qué pasó? Radiografía de las deudas del presidente Jair Bolsonaro con los brasileños. 

Hoy, al menos 33 millones de brasileños pasan hambre, según datos de la Red Brasileña de Investigación de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Penssan). Además, más de 60 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, es decir, no tienen acceso suficiente a la comida, a pesar de vivir en un país considerado como uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo.

Durante la pandemia del Covid-19 se agravó la crisis económica, que se arrastraba desde el segundo mandato de Dilma Rousseff. Las imágenes de personas rebuscando en la basura huesos y restos de animales chocaron en la opinión pública. Muchos supermercados brasileños pasaron a vender huesos y leche aguada para incentivar las compras entre los más desfavorecidos.

Frente a este panorama, muchas personas sobreviven gracias a la solidaridad de amigos y desconocidos. Una vez por mes, el profesor de Filosofía y Literatura Roberto Ponciano entrega canastas básicas a decenas de familias que viven en un barrio popular construido dentro del programa ‘Minha casa, minha vida’. Salieron del complejo de favelas del Alemão, en Río de Janeiro, durante los Gobiernos del Partido de los Trabajadores.

Hoy intentan mantenerse a flote a pesar de la crisis y el desempleo. “Muchos vecinos ni siquiera consiguen pagar la cuota mensual de la comunidad. La cosa está fea”, explica Russo, representante vecinal.

Es sábado por la mañana y una veintena de personas esperan en la fila a que comience la distribución. “Empezamos este trabajo en medio de la pandemia. Pero no fue por causa de la pandemia. La gente aquí ya estaba desempleada hace tiempo. Nos decían: ‘No nos llega la comida, nuestros hijos están hambrientos’. Llegamos a donar 153 canastas por mes, pero hoy no conseguimos más de 100, porque las personas que estaban donando ya no están en condición de seguir haciéndolo. Cada vez tenemos menos dinero para ayudar a estas personas”, cuenta Ponciano.

Ana Cristina Pires de Oliveira recoge su canasta con aceite, arroz, frijoles, pasta y otros alimentos, y se dirige hacia su casa. Es una ayuda significativa para su mermada economía.

Es auxiliar de enfermería y está en paro desde hace nueve meses. A su marido también le redujeron el sueldo dentro de un programa aprobado por el Ejecutivo para evitar despidos masivos. “Él tuvo que aceptar porque ya tenemos más de 40 años y no hay hacia dónde correr, no hay empleo. Desde que llegó Bolsonaro al poder, la situación es difícil. Yo misma lo he notado y todas las personas que conozco están igual”, afirma Ana Cristina.

La garra de la deforestación se ensaña con la Amazonía

Para sus detractores, el hambre y el empobrecimiento de una parte de la población son el legado que deja el presidente Jair Bolsonaro tras cuatro años de gobierno, junto a la deforestación descontrolada. La Amazonía brasileña registra las peores tasas de los últimos 15 años. También los incendios dolosos se han intensificado, situándose en el nivel más crítico desde 2010.

Muchos profesionales que luchan contra los crímenes ambientales acusan a Bolsonaro de haber estrangulado económicamente a los principales órganos de fiscalización de los bosques amazónicos, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Ambos han sido militarizados y sus presupuestos han sufrido drásticos recortes.

Ni siquiera los comisarios de la Policía Federal (PF) se libran del estricto control gubernamental. Alexandre Saraiva, superintendente de la PF en el Estado de Amazonas, pasó a ser nacionalmente conocido tras realizar una macro-operación contra el tráfico ilegal de madera. Fue considerada la mayor aprehensión de la historia de Brasil por la prensa local. Los agentes secuestraron 226.000 metros cúbicos de troncos, valorados en 24 millones de dólares.

El comisario Saraiva acusó al exministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, de estar vinculado a los empresarios incriminados. Poco después, fue exonerado y enviado a una pequeña comisaría en la ciudad de Volta Redonda, en el Estado de Río de Janeiro. Como diputado federal, espera combatir desde Brasilia los crímenes ambientales a golpe de ley.

“El legado del Gobierno Bolsonaro para la Amazonía es la destrucción. Es la complicidad con el crimen organizado que destruye la Amazonía, intentando culpar a los indígenas, a los periodistas, a los indigenistas, a todas aquellas personas que están allí para combatir el crimen, como si ellas tuviesen la culpa de ser víctimas. Nunca habíamos visto algo así en Brasil”, señala.

La economía también se ha visto duramente impactada durante la gestión de Bolsonaro, situación que el mandatario atribuye a la pandemia, a la política de aislamiento social implementada por los gobernadores y a la crisis energética agudizada por la guerra en Ucrania.

La deuda pública de Brasil ha crecido dos puntos desde 2019 y ronda el 78% del PIB. Eso sí, el paro registra el mejor dato de los últimos siete años, situándose en el 9,3%. Sin embargo, la alta inflación y la renta per cápita de los brasileños siguen preocupando a los especialistas.



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