Costa Rica: el desafío económico de un país en el que 23% de la población es pobre

Independientemente de quién llegue al poder en el país centroamericano, su Administración tendrá varios retos económicos, con una pobreza que toca a 380.000 hogares, de los cuales una tercera parte la padece en condición extrema.

Una pobreza del 23% y un desempleo cercano al 14% son parte de la radiografía económica que heredará el próximo presidente de Costa Rica, quien será elegido el próximo 3 de abril, después una reñida primera ronda electoral que no arrojó un ganador definitivo, pero sí dejó al expresidente José María Figueres y al economista Rodrigo Chaves como principales opciones.

Costa Rica es considerada una de las democracias más sólidas y longevas de América Latina, con una economía dependiente en buena parte del turismo y el sector manufacturero, entre los más golpeados por la pandemia de Covid-19.

El próximo mandatario tendrá, entre sus grandes retos, estabilizar una economía lastrada por los embates de la pandemia: unos 50.000 hogares cayeron en la pobreza para sumar dos puntos porcentuales a la tasa nacional, que ahora es del 23%, mientras que en situación extrema está el 6,3% de la población.

El desempleo al cierre de 2021 fue del 13,7%, un nivel que se acerca lentamente a que había hace dos años y lejos del 24% que llegó a reportar en pleno pico de la crisis sanitaria.

Sobre los hombros del nuevo mandatario también está la implementación o no de un polémico acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como recuperar la credibilidad de la población tras sonados casos de corrupción en proyectos de obras públicas.

Tras airadas protestas en 2020, a comienzos de 2021 el Gobierno de Costa Rica suscribió un acuerdo financiero con el FMI por 1.750 millones de dólares y se comprometió a una serie metas económicas en reducción de gasto y aumento de ingresos.

La oposición política ha bloqueado en el Congreso el principal proyecto de ajuste del gasto, que consiste en una reforma al sistema de empleo público al que también se oponen los sindicatos.

El Gobierno actual ha defendido el acuerdo con el FMI, en medio de un déficit fiscal de 5,18% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda que asciende al 70,3% del PIB y alcanza los 33.000 millones de dólares.