Italia será el país con la norma contra el Covid-19 más estricta en el mundo

A dos días de que entre en vigor la vacuna obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado del país, algunos partidos políticos piden alivianar la medida, mientras los sindicatos amenazan con continuar las manifestaciones y realizar bloqueos en zonas cruciales para la economía de Italia.

A partir de este viernes 15 de octubre Italia se convertirá en el primer país en implementar las tarjetas sanitarias Covid-19 como medida obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Una medida que para algunos sindicatos, empresas y políticos provocará escasez en lugar de impulsar la vacunación.

Y aunque más del 80% de los italianos mayores de 12 años están completamente vacunados y además exista un “pasaporte covid” obligatorio para los profesores, el Gobierno del primer ministro Mario Draghi considera que estas medidas no son suficientes para garantizar un nivel de inmunidad alto, prevenir nuevos brotes y evitar una recaída en la actividad económica como ocurrió en 2020 y a principios del 2021.

Italia, el primer país europeo afectado por la epidemia de coronavirus en febrero del 2020, pagó un alto precio con más de 130.000 muertes.

Es por esto por lo que el gabinete de Draghi, apoyado de los partidos de la coalición, aprobó a mediados de septiembre la norma más estricta del mundo contra el Covid-19 hasta el momento: la obligación de que todos los trabajadores presenten un ‘Pase Verde’ para acceder a sus lugares de trabajo, una prueba negativa del virus menor a 48 horas o un certificado de recuperación reciente del contagio.

Los partidos de ultraderecha ‘Liga’ y ‘Hermanos de Italia’ y algunos sindicatos afirman que para evitar una escasez de personal, las pruebas de Covid-19 deberían ampliarse de 48 a 72 horas de validez y proponen que sean gratuitas para aquellos que no están vacunados.

"No vamos a poder conceder un frotis cada 48 horas a todos los no vacunados. Los empresarios con los que estoy en contacto están muy preocupados", dijo Luca Zaia, gobernador de la rica región nororiental del Véneto.

Los empleados que se nieguen a cumplir la norma se les suspenderá el pago del salario, además de una multa de 1.500 euros y los empleadores que dejen trabajar personas sin el valioso documento tendrán una multa de 600 a 1.000 euros. Las personas tampoco podrán optar por trabajar desde casa para eximir la norma.

"Se trata de una medida muy restrictiva que puede afectar gravemente a la estabilidad social y agravar una situación ya de por sí complicada", dijo el sindicato UIL en un comunicado.

Según una estimación del Ministerio de la Función Pública, el 15% de los trabajadores del sector privado y unas 250.000 personas de los cerca de 3,2 millones de empleados del Estado no están vacunados, lo que equivale al 7,8%.