¿La violencia social restringe el crédito a la MYPE en El Salvador?

Las instituciones financieras deciden no ofertar servicios financieros en zonas de riesgo, ante la dificultad en la cobranza, la facilidad que el cliente pueda ser agredido y el riesgo patrimonial que implica habitar en estos territorios; razones que conducen a una clara exclusión a la MYPE, en estas zonas, de la posibilidad de acceder al crédito, frenando su estabilización, expansión y limitando así, su desarrollo.

Por: Marcela Escobar

La intermediación financiera juega un rol clave en el desarrollo económico, al canalizar los recursos de liquidez de la sociedad a determinadas empresas o unidades productivas. Por esta razón, la Superintendencia de Competencia publicó recientemente el “Estudio de Competencia en la Prestación de Servicios Financieros a las Micro y Pequeñas empresas (MYPE) en El Salvador” (2019), con el fin de analizar el grado de competencia existente en el mercado de financiamiento dirigido a este sector, verificar la idoneidad de la normativa sectorial y proponer medidas de política que mejoren las condiciones de acceso a financiamiento a las MYPE, para contribuir a potenciar su desarrollo.

A partir del Estudio, se evidenció que en El Salvador existe entre los proveedores de servicios financieros una estructura de especialización por tamaño o segmentos de empresas. Por ejemplo, en 2017, el financiamiento a la MYPE por parte de la banca comercial ascendió a 8.2% del total de su cartera de créditos, de las cuales el 7.8% fue otorgado a las Pequeñas Empresas y el restante 0.4% a las Microempresas. Mientras que las restantes instituciones financieras (IF), diferentes de la banca comercial, otorgan proporcionalmente más financiamiento para la microempresa. Por ejemplo, las IF públicas han otorgado a MYPE el 40.2% de su cartera total y las asociaciones cooperativas el 97%.

Dentro de esta especialización, las IF que se dedican a atender microempresa utilizan predominantemente metodologías o tecnologías crediticias que difieren de los procedimientos de los bancos comerciales más grandes. Estas evaluaciones se realizan teniendo en cuenta en mayor medida el análisis de la actividad del negocio: flujo de caja, historial de crédito con proveedores, cartera de clientes, etc. Dada la naturaleza de las microempresas, dicha metodología es “personalizada” para cada caso y repercute en mayores costos administrativos para llevar a cabo la evaluación que debe ser aplicada in situ. Es decir, implica visitas recurrentes hasta construir el perfil de cada cliente.

Es aquí donde surge un problema distinto del resto de factores que limitan el acceso de la MYPE al financiamiento, como la informalidad o la falta de garantías. Se trata de la ubicación de las microempresas en zonas con alto riesgo de violencia social, caracterizadas por presencia de pandillas, delincuencia, riesgos por asaltos, y acceso difícil y peligroso.

Ante esto, las IF deciden no ofertar servicios financieros en estas zonas del país, por un lado, por los riesgos físicos que implican para su fuerza de trabajo y, por el otro, por el riesgo de alimentar el negocio de la extorsión. Además, la dificultad en la cobranza, la facilidad que el cliente pueda ser agredido y el riesgo patrimonial que implica habitar en estos territorios, son otras razones que conducen a una clara exclusión de la posibilidad de acceder al crédito frenando la estabilización y expansión de la MYPE, limitando así su desarrollo.

A pesar de que no existe un estudio de impacto de la violencia social sobre la oferta de crédito, existen percepciones por parte de los IF entrevistados al respecto fundadas en la experiencia: si bien la deserción de ciertos oferentes de zonas de riesgo podría inducir a más negocios a recurrir a financiamiento informal (prestamistas), es también imaginable que en dichas áreas el riesgo de extorsión sea mayor, lo cual también afectaría los negocios del segmento informal.

Este componente social tiene un impacto en la actividad económica y empresarial del país, como se evidenció en el Índice de Competitividad Global (2018). En términos del pilar “Instituciones: Incidencia del crimen organizado y actividades terroristas”, El Salvador ocupó el último lugar (de 140 países). Aunado a ello, presentó, para ese mismo año, una tasa de 82.8 homicidios por 100,000 habitantes que lo colocó en la primera (y peor) posición del ranking a nivel mundial. Se esperaría que dicha posición mejore ante la reducción sostenida de homicidios en los últimos meses.

Desde la perspectiva de competencia, la violencia puede entenderse como un factor exógeno a la dinámica comercial, la cual distorsiona la conexión entre la oferta y la demanda, limita la entrada de nuevos competidores al mercado y, en este caso particular, discrimina nichos de mercado específicos, traduciéndose en una oportunidad comercial desaprovechada.