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EE.UU. negará ayuda migratoria a quienes se conviertan una carga pública

  • 12 Ago 2019
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El gobierno estadounidense presentó este lunes nuevas restricciones para la obtención de permisos a los inmigrantes residiendo en EE.UU que simbolizan una carga pública para el país norteamericano.

 

En esta nueva normativa, los inmigrantes legales que residen en Estados Unidos, entrarán en la categoría de “carga pública” si recibe uno o más beneficios de parte del Estado, durante un periodo de 12 a 36 meses.

 

Ken Cuccinelli, director del U.S Citizenship and Immigration Services (por sus siglas USCIS, en español Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos) declaró en una rueda prensa de la Casa Blanca que, para aquellos que reciben más de una ayuda pública por mes, esta falta contará como dos meses. Estos beneficios públicos incluyen la asistencia alimenticia, vales de ayuda para pago de vivienda, programas de subsidio por el costo elevado de medicamentos, entre otros.

 

Asimismo, Cuccinelli agregó: “nuestra normativa evita que los extranjeros que pueden convertirse en una carga pública vengan a EE. UU o se queden aquí y obtengan una Green card”.

 

La administración de Trump busca reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, por medio de la búsqueda de diferentes alternativas que permitan agilizar el rechazo de solicitudes de “Green card” y de algunos visados.

 

Por ello, el gobierno buscará deducir -en base al historial de los aplicantes a cambio de status migratorio- si estos podrían convertirse en carga pública para el país, al depender principalmente de fondos públicos para subsistir. De ser así, el gobierno podría suspender su estatus migratorio legal.

 

Del mismo modo, el director del USCIS destacó la búsqueda del gobierno por reforzar los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal de los aplicantes, al buscar asegurar que estos puedan mantenerse por sí mismos y lograr tener éxito y libertad financiera en el territorio estadounidense.

 

Esta nueva medida pone en riesgo la estadía de quienes poseen tarjeta de residente o cuentan con permisos de estadía a través de cualquier tipo de visado, por lo que no poder mantener la economía personal sin ayuda pública, podría ser motivo suficiente para su deportación.

 

Sin embargo, esta medida no afectará a quienes residen bajo condiciones de refugio, asilo, víctimas de violencia domestica o víctimas de trata de personas.



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